El Gobierno de la región autónoma del Tíbet facilitará el acceso a turistas extranjeros con el objetivo de aumentar en un 50 % sus visitas, informó hoy la televisión estatal china CCTV, mientras que la entrada de periodistas internacionales y diplomáticos a la zona continúa restringida.
Para ello, las autoridades regionales planean reducir a la mitad el tiempo de emisión de los visados para los turistas extranjeros, un proceso que hasta ahora solía prolongarse al menos 15 días, explicó el presidente del Gobierno regional, Qi Zhala, citado por la cadena.
Además de un visado chino, los extranjeros necesitan un permiso de viaje especial para poder visitar el Tíbet, un requisito que las autoridades justifican “en las tradiciones étnicas únicas del Tíbet, el patrimonio cultural, la capacidad de recepción y las necesidades de protección ecológica”.
Aunque el Tíbet era considerado uno de los lugares más vírgenes del planeta hasta hace pocas décadas, 33,68 millones de personas visitaron la región en 2018 -un 31,5 % más que el año anterior-, aunque solo 270.000 visitantes fueron extranjeros, según datos divulgados por las autoridades.
El plan de fomentar la llegada de turistas extranjeros este año se produce después de que el pasado diciembre el Senado estadounidense aprobara una Ley de Acceso Recíproco al Tíbet a la que China se opone porque exige el acceso a la región para funcionarios, ciudadanos estadounidenses y ONG.
De acuerdo con el texto, que debe ser aprobado por la Casa Blanca para convertirse en ley, si los funcionarios chinos niegan la entrada de los estadounidenses al Tíbet, se les negará asimismo su entrada a Estados Unidos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) han pedido en repetidas ocasiones a China que permita el acceso de expertos a áreas tibetanas para documentar presuntas violaciones de derechos y evaluar la situación en la que se encuentran los tibetanos encarcelados, a los que -aseguran- se les niega el contacto con familiares y abogados.
Investigadores de la ONU también han expresado su preocupación a las autoridades chinas por la expulsión masiva de monjes a finales de 2016 y la demolición de viviendas en el monasterio de Larung Gar en Kandze, en la provincia occidental de Sichuan.
