La plataforma de alquiler vacacional Airbnb ha anunciado que recurrirá la sanción de 300.000 euros que le ha impuesto el gobierno balear por publicitar arrendamientos turísticos ilegales en Mallorca, y ha asegurado que “las familias” de las islas perderán 100 millones de euros por la restricción de esta actividad.
En un comunicado, la empresa con sede en Irlanda señala que “es una multa contra las familias locales que comparten su hogar y aportan grandes beneficios a Mallorca y las Islas Baleares”.
Airbnb, que no niega haber infringido la norma que impide publicitar viviendas para alquiler turístico que carezcan del preceptivo permiso de la Conselleria de Turismo, cree que las leyes autonómicas “deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad”, en lugar de “mantenerlos en manos de unos pocos”.
La empresa se muestra dispuesta a “seguir trabajando conjuntamente con el gobierno regional para desarrollar una legislación de ‘home sharing’ progresista”, diferente a la ley en vigor desde agosto del año pasado.
Airbnb señala que aún no ha recibido la notificación oficial del ejecutivo autonómico en la cual se le da 15 días para alegar contra la sanción por infracción muy grave por publicitar, después de reiteradas advertencias, el arrendamiento turístico de viviendas sin la declaración responsable de inicio de la actividad turística o sin indicar el número de inscripción en el registro obligatorio.
La empresa mediadora asegura que en 2017 “generó más de 500 millones de euros para la economía” balear y que uno de cada ocho “anfitriones” ha declarado que con los ingresos del arrendamiento ha evitado el desahucio.
Añade que, “en la isla de Mallorca, los municipios pequeños en los que la oferta hotelera es prácticamente inexistente podrían perder más de 1.000 alojamientos”.
