El Ayuntamiento de Barcelona ha dado este martes un ultimátum a las plataformas turísticas y les ha avisado de que, si en un mes y medio no se limitan a anunciar los 9.600 pisos turísticos legales que hay en la ciudad, volverá a la vía de la sanción que recoge el marco legal.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, y el concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé lo han explicado en rueda de prensa tras una reunión con los representantes de Apartur y de las plataformas Airbnb, Booking y Homeaway.
Janet Sanz ha asegurado que “ninguna” de las plataformas cumple “al 100 %” con los protocolos establecidos por el Ayuntamiento para combatir la ilegalidad y con la legislación que regula los pisos turísticos, y ésto el consistorio “no puede tolerarlo”.
Entre los “graves incumplimientos” detectados, Sanz ha destacado publicitar pisos turísticos sin numero de registro, sin comprobar que este número o que la dirección sea la real, no facilitar estos datos y tardar meses en retirar anuncios de pisos turísticos ilegales.
“Es inaceptable para la ciudad, no hay mas dilaciones. Han de decidir si dan cubrimiento a la ilegalidad”, ha declarado Sanz tras la reunión en la que ha planteado el ultimátum a las plataformas de alquiler de viviendas de usos turístico.
La teniente de alcalde Sanz ha asegurado que los pisos turísticos ilegales no sólo generan problemas de convivencia y de competencia desleal sino que tras ellos de “esconden grupos organizados con practicas mafiosas”.
En los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto mas de 16.000 expedientes a pisos turísticos, a raíz de los cuales ha ordenado el cese de actividad a 6.300, abierto expedientes sancionadores a más de 8.000 y ejecutado casi 400 precintos.
En el caso de las plataformas turísticas, Barcelona ha impuesto dos multas de 30.000 euros por anunciar apartamentos turísticos ilegales a Homeaway, que la plataforma ha pagado.
El consistorio ha impuesto a AirBnB otras dos, también por 30.000, así como otra de 600.000 euros por incumplimiento reiterado, que han sido recurridas ante los tribunales.
Ninguno de los representantes de las plataformas ni de la asociación de apartamentos turísticos Apartur han querido hacer declaraciones a los medidos.
