Veintidós ayuntamientos de ciudades europeas, entre ellos los de Barcelona y Valencia, han reclamado a la UE una mejor regulación de las plataformas de alquiler turístico y que actualice la directiva de comercio electrónico del 2000 para mitigar los efectos de la presión turística sobre el precio de la vivienda.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha explicado hoy que las principales ciudades europeas exigen una normativa comunitaria que obligue a las plataformas a compartir datos con las administraciones locales, que publiquen los números de licencia de los pisos en todos los anuncios y que eliminen los que no lo muestren.
“Estos cambios son urgentes y no pueden esperar más, ya que las ciudades necesitan amparo de los organismos europeos para poder defender a la ciudadanía con herramientas legales fuertes y proteccionistas”, ha añadido Sanz.
El documento con la petición a la UE lo han firmado las ciudades de Barcelona, Ámsterdam, Atenas, Berlín, Bolonia, Burdeos, Bruselas, Colonia, Cracovia, Florencia, Frankfurt, Helsinki, Londres, Milán, Múnich, París, Oporto, Praga, Utrecht, Valencia, Viena y Varsovia.
Las ciudades argumentan que el crecimiento del turismo y el alquiler vacacional de los últimos años genera presión al alza sobre el precio de la vivienda y tiene consecuencias directas en la disponibilidad de viviendas asequibles, lo que afecta a la cohesión y la calidad de vida de los barrios, ya que esta actividad tiende a generar molestias al vecindario.
En el caso de Barcelona, en 2011 había 2.680 licencias de vivienda de uso turístico y en solo tres años se llegó hasta las 9.600 que había en 2014.
Según Sanz, una razón fundamental que provoca esta situación es que las plataformas no comparten los datos relevantes de los alquileres con las administraciones municipales, lo que complica la tarea de los ayuntamientos a la hora de aplicar las leyes en cuestiones como el límite máximo de días de alquiler, la recaudación de impuestos y las normas de seguridad.
Por todo ello, las 22 ciudades han hecho este llamamiento a la UE para que defina un nuevo marco legislativo que actualice el contexto actual la directiva de comercio electrónico de 2000.
En concreto, piden que se obligue a las plataformas a compartir datos relevantes con las administraciones municipales para poder aplicar la ley en defensa del interés público y a publicar los números de registro de sus anuncios y eliminar los anuncios que no tengan un número de registro válido.
También piden que las plataformas cumplan las legislaciones nacionales y locales porque actualmente las normas sobre la responsabilidad de las plataformas y la aplicación legal de obligaciones solo son efectivas en los Estados miembros de la UE donde las plataformas están basadas legalmente.
Las ciudades firmantes exigen responsabilizar a las plataformas cuando no respeten la legislación local o nacional, por ejemplo, en cuanto a la aportación de datos y eliminación de anuncios ilegales.
