La Diputación Permanente ha convalidado este martes el real decreto-ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, aunque prácticamente todos los grupos parlamentarios lo han tachado de insuficiente y poco ambicioso.
El texto ha sido convalidado con 59 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones y, además, se ha aprobado que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con 35 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha señalado que el real decreto-ley es el resultado de un trabajo intenso y coordinado con muchos actores públicos y privados que ha impulsado el Gobierno al considerar “prioritario dar una respuesta rápida y extraordinaria a una situación que podría tener un enorme perjuicio para el conjunto de nuestra economía”.
Para Melisa Rodríguez,de C’s, el decreto-ley es “poco ambicioso y no mira más allá de intentar poner un parche, en lugar de buscar consenso y reunirnos a todos las fuerzas para que saliese un texto ambicioso, que sea totalmente transversal y que responda a lo que necesita en este momento el sector turístico”.
También la diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell Aguilar ha calificado el decreto-ley de “poco ambicioso y con tintes electoralistas en cuanto a las cantidades propuestas y poco garantista con las personas trabajadoras afectadas”.
El documento incluye medidas como una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para las empresas afectadas y otras de hasta 500 millones a través del FOCIT (antes FOMIT) para todo el sector o la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en Baleares y Canarias.
El Gobierno ha adoptado también otras medidas complementarias como la exoneración por parte de Aena del 100 % de la tarifa de pasajero en los asientos adicionales en vuelos internacionales que operen en la temporada de invierno respecto a los programados el 31 de agosto de 2019.
La mayoría de los grupos ha coincidido en que este incentivo es insuficiente para garantizar la conectividad aérea en Canarias, principal problema tras la desaparición de Thomas Cook.
El diputado del PP Guillermo Mariscal Anaya ha dicho que su grupo quería que figurase una clara alusión a la rebaja de todas las tasas aeroportuarias para aquellas plazas que se incrementasen con respecto a la planificación del 31 de agosto, y no solamente las de pasajeros, y ha propuesto incluir un artículo por el que se podría autorizar al Gobierno trasladar desde los PGE a Aena la cantidad necesaria para compensar esta bonificación.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha matizado que en Baleares, hay muchos empleados fijos descontinuos, pero no en Canarias, donde “el 65 % de los trabajadores del sector son fijos”.
Varios grupos han criticado la medida sobre la línea de financiación de hasta 500 millones de euros para apoyar proyectos orientados a la mejora de la competitividad, al considerar que es algo que ya existía antes con otro nombre.
En este sentido, Mikel Legarda, de PNV, ha llamado la atención a que no todas las medidas del real decreto-ley tienen una conexión directa con la quiebra de Thomas Cook, como el cambio de nombre de dicho fondo, que es una decisión estructural porque va a beneficiar a todo el sector.
A su juicio, hay medidas que no necesitan ni siquiera una norma con rango de ley como es la prestación de información a las empresas para que afronten la recuperación de las deudas en los procesos de insolvencia del turoperador.
