El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que prevén fijar mañana los servicios mínimos por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair y ha recordado que al tratarse de un conflicto privado la actuación del Gobierno se limita a procurar que el servicio “no se vea afectado del todo”.
La huelga, convocada para los días 25 y 26 de julio en España, Portugal y Bélgica, implicará la cancelación de unos 600 vuelos (400 de ellos con origen o destino en España) y afectará a unos 100.000 usuarios en toda Europa.
“La huelga no depende del Ministerio, es un conflicto de la compañía con sus trabajadores”, ha dicho Ábalos en una entrevista con RNE, en la que ha subrayado que, en este caso, el papel de Fomento se limita a procurar que el servicio público “no se vea del todo afectado” y a velar por los derechos de los pasajeros.
En este sentido, ha avanzado que, al tratarse de un servicio que se presta en España, intentarán establecer mañana mismo los servicios mínimos.
Preguntado por si la licencia de operación de Ryanair en España puede estar en peligro, el ministro ha respondido: “no hombre, yo creo que esa es otra cuestión”.
En relación al recurso que prevé presentar Fomento contra el reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona para las licencias de vehículos de alquiler con Conductor (VTC), ha asegurado que su intención no es mantener una actitud “rígida” para intentar “normalizar” la situación a través del diálogo.
Por ello, convocarán al Ayuntamiento de Barcelona a una reunión de carácter técnico-jurídico para explicar el contenido del informe emitido por la Abogacía del Estado, en el que resuelve que el reglamento invade competencias estatales.
“El secretario de Estado de Infraestructuras conversó anteayer con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y vamos a mantener un reunión sobre el particular”, ha apuntado Ábalos.
El objetivo, ha insistido, es que se mantenga el “equilibrio” conseguido en el congreso entre taxistas y conductores con licencias VTC y que se respete el marco competencial para que no se genere inseguridad jurídica u otros ayuntamientos se animen a “copiarlo”.
