El gobierno de Panamá se desmarcó de la disputa comercial que mantiene la organización hotelera del presidente estadounidense, Donald Trump, con un empresario chipriota, que la expulsó de una torre construida en la capital panameña.
“El Ejecutivo no tiene posición” en este asunto, dijo a la prensa extranjera la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, tras informar que la Presidencia, la Cancillería y otras instituciones recibieron una carta de los abogados de Trump en el país centroamericano pidiéndole sus “buenos oficios” para resolver el litigio a su favor.
En un encuentro este lunes con la prensa extranjera acreditada en Panamá, De Saint Malo afirmó que esa controversia “es un asunto que está en los tribunales de justicia”, por lo que la petición del bufete Britton & Iglesias, pretende empujar al Ejecutivo panameño “a inmiscuirse en un asunto judicial”.
“Sería inmiscuirnos”, sostuvo De Saint Malo, por lo que dejará en manos del sistema judicial la resolución del caso.
Los abogados recordaron en la carta que desde que 1983 está vigente el Tratado de Protección de Inversiones entre EE.UU. y Panamá, que administra el Ministerio de Comercio e Industrias panameño, y que por ello el Ejecutivo debe velar por la inversión de Trump.
Pero la canciller insistió que “es un asunto que está fuera del alcance del Ejecutivo” panameño.
Los abogados en Panamá de la Organización Trump alertaron a Varela de que las “irregularidades” en torno al desalojo de esa firma de la administración de un hotel en la capital pueden terminar afectando al Estado, porque son una “clara violación” al tratado de protección de inversiones vigente entre los dos países.
Así lo advirtieron los abogados de la firma Britton & Iglesias, representantes de la Organización Trump en Panamá, en una carta dirigida a Varela, a la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, y a varios ministros, difundida hoy por el diario panameño La Prensa.
En la misiva, los abogados piden al jefe del Estado panameño “de manera urgente sus buenos oficios en relación a la disputa comercial del Hotel Trump ventilado ante el Órgano Judicial en la República de Panamá”.
El emblemático nombre “Trump” fue retirado el pasado 5 de marzo luego de que un juzgado panameño ordenó a la organización propiedad del presidente de Estados Unidos abandonar la administración de la torre, de 70 pisos y 250.000 metros cuadrados de construcción, que ejercía desde que fue inaugurado en 2011.
Esa orden judicial se dio luego de que el nuevo propietario del inmueble, el fondo de capital privado Ithaca Capital, presidido por el empresario chipriota Orestes Fintiklis, presentó el pasado 23 de febrero en Panamá una denuncia por “usurpación”, porque empleados administrativos del hotel no le dejaron entrar.
En su misiva, los abogados de la organización hotelera propiedad del presidente de Estados Unidos denuncia la “celeridad excesiva e inusual al momento de recibir, decretar y practicar la medida de secuestro” judicial del inmueble, entre otras “irregularidades”, que permitieron “incluso a cambiar el nombre del hotel”, que ahora es Bahía Grand Panamá.
“Agradecemos sus buenos oficios a fin de evitar que estos daños le sean atribuidos ya no a la contraparte, sino al Estado panameño por virtud de una clara violación a las protecciones del tratado, específicamente por una denegación de justicia, en la forma y términos en que dicha protección debe ser entendida en el arbitraje internacional de inversiones”, agrega la carta.
La Organización Trump e Ithaca mantienen en cortes estadounidenses una ardua batalla después de que el fondo de inversión, que adquirió la mayoría del hotel en 2017, decidió rescindir el contrato de administración al emporio del mandatario estadounidense, que no lo acepta
