El Gobierno de Sudáfrica anunció este jueves una “ayuda financiera” de más de 100 millones de euros a la aerolínea nacional South African Airways (SAA), insolvente desde hace años, anunció el ministro de Empresas Públicas, Pravin Gordhan.
“Este es el mecanismo óptimo para restaurar la confianza en SAA, salvaguardar sus buenos activos y ayudar a reestructurar y reposicionar la entidad para que sea más fuerte, más sostenible y capaz de crecer y atraer socios de capital privado”, señaló en un comunicado Gordhan.
El Gobierno otorgará a SAA una suma adicional de 2.000 millones de rand (unos 123 millones de euros) para ayudar a mantener operativa la aerolínea, mientras que los prestamistas existentes darán otra cantidad igual.
“Debe quedar claro que no se trata de un rescate”, precisó Gordhan, y añadió que “es la provisión de asistencia financiera para facilitar una reestructuración radical de la aerolínea”.
Esta decisión se produce después de la filtración de una carta este miércoles por la noche del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a su Gabinete, en la que ordena que la aerolínea nacional ingrese el rescate voluntario de negocios.
Este rescate estará dirigido por un profesional independiente ajeno al Gobierno, quien se encargará de reestructurar el negocio, evitar la pérdida de puestos de trabajo e, incluso, lograr mejores rendimientos para los acreedores.
“Este conjunto de acciones debería proporcionar confianza a los clientes de SAA para que sigan utilizando la aerolínea porque no habrá paros no planeados o cancelaciones de vuelos sin la debida notificación si fuera necesario”, concluyó Gordhan.
El pasado 22 de noviembre, SAA puso fin a una huelga de ocho días contra del posible despido de 900 trabajadores, casi una quinta parte del total de la plantilla, y tras aceptar un aumento salarial del 5,9 % con carácter retroactivo al mes de abril.
Esta aerolínea -al igual que otras grandes compañías públicas sudafricanas como la eléctrica Eskom, fuertemente endeudada tras años de mala gestión- no registra beneficios desde hace más de una década, lo que obliga regularmente al Estado a inyectarle dinero.
