La secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, ha afirmado que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está trabajando este verano en la redacción de la futura ley del alquiler turístico que dé seguridad jurídica a todos, propietarios y consumidores, y que “clarifique las reglas del juego”.
Tras reunirse en Palma con la vicepresidenta del Govern balear y consellera de Turismo, Bel Oliver, la secretaria de Estado ha abogado por un “sistema más claro, riguroso y sólido” que implicará algún cambio en la Ley Arrendamientos Urbanos (LAU), ha explicado a los periodistas.
La Abogacía del Estado está involucrada en la redacción del borrador de esta ley que el Gobierno tiene intención de debatir y analizar con las partes interesadas y las comunidades autónomas a partir del mes de septiembre.
Oliver ha querido dejar claro que la ley del alquiler turístico de Baleares sí ofrece seguridad jurídica, si bien también existen competencias europeas y estatales que la futura ley clarificará.
En septiembre, el ministerio también quiere estudiar junto con las autoridades Baleares y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencias (CNMC) las objeciones que este organismo pone a la normativa sobre el alquiler turístico puesta en marcha por el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca.
Reacción CCOO
El sindicato CCOO por su parte, ha pedido al Gobierno que aborde el desarrollo de una normativa estatal que regule la economía digital y que unifique un consenso entre comunidades autónomas, sindicatos, asociaciones empresariales y consumidores.
En un comunicado, el sindicato ha señalado que uno de los retos es la regulación de las grandes plataformas digitales que comercializan viviendas turísticas, ya que es necesario una normativa que contemple las obligaciones tributarias, registros públicos, licencias, protección y seguridad, así como los derechos laborales, de consumo y de convivencia ciudadana.
Además, se debe garantizar la tutela jurídica efectiva de los derechos laborales de todas las personas que trabajan para estas plataformas.
CCOO asegura que se ha avanzado en la Comisión Paritaria del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería para que las personas que trabajan en el reparto de comida a casas particulares u oficinas se consideren personal laboral con categoría de repartidor a domicilio.
