La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, a través de su presidente, Gregorio García, ha exigido la derogación del decreto de la Junta de Andalucía que regula las viviendas con fines turísticos, y que las empresas regladas puedan competir en igual de condiciones con este tipo de negocios.
En declaraciones a Efe, ha recordado que, desde que se comenzó a negociar el que ha considerado un “nefasto” decreto en el 2015 y su posterior aprobación en 2016, el sector se opuso “radicalmente” a la elaboración de una norma que venía a alterar al empresariado y a los destinos en su conjunto.
“El decreto ha venido a alterar la convivencia entre los vecinos y los turistas, asunto tan serio que llama la atención que los poderes públicos hayan sido incapaces de dar una solución conjunta y global en el Estado, a pesar de que las autonomías tiene las competencias”, ha explicado.
Como ejemplo, ha advertido de que Málaga ya tiene más plazas acogidas a esta modalidad de alojamiento que las hoteleras y que Granada “está a un paso”, ello sin contar las viviendas que sean “ilegales”.
Según García, el decreto ha contribuido a la despoblación de los centros urbanos, como el de Granada y la masificación del Albaicín, el Realejo y otras zonas históricas, donde ahora la hostelería y el comercio han desaparecido y por tanto la vida en esas zonas.
“El vecino observa atónito cómo tiene otros vecinos que cambian todos los días, que las maletas los despiertan de madrugada, mientras que pensiones y hostales, magníficos establecimientos reglados, languidecen y están al borde de la desaparición”, ha lamentado.
El presidente de la federación hostelera ha denunciado que no haya controles suficientes por parte de la Junta de Andalucía, porque haría falta “una legión de inspectores” que no posee y porque la propia norma ha venido a “legalizar una situación clandestina”.
