El Gobierno italiano no consigue seducir a un socio privado para que inyecte dinero en Alitalia, que lleva ya dos años bajo administración concursal, y la empresa pública Ferrovie dello Stato (FS), responsable de elaborar un plan para impulsarla, ha tenido que pedir una prórroga.
El ejecutivo formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga no está dispuesto a vender Alitalia a empresas extranjeras y quiere mantener la aerolínea bajo control italiano.
Pero ninguna compañía italiana quiere o puede hacerse cargo de una empresa que no tiene beneficios desde el año 2002 y por eso el Ejecutivo ha trazado un plan: que la aerolínea cuente con participación estatal y con la ayuda financiera de un socio privado.
El ministro italiano de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, llegó a conjeturar con la posibilidad de que el 51 % del capital del grupo fuera italiano y el resto quedara en manos de un actor internacional, un escenario complicado pues requeriría que un socio extranjero diera dinero para una empresa que no controlaría.
La empresa pública Ferrovie presentó en octubre una oferta de compra para Alitalia y se comprometió a diseñar antes del 31 de enero un plan de negocios con el que captar a un inversor.
No lo ha conseguido y ha tenido que pedir una prórroga de “algo más de un mes” al Ejecutivo italiano, según confirmó el consejero delegado de FS, Gianfranco Battisti, esta semana.
El directivo italiano no ha comunicado cuánto tiempo necesita, pero sí ha avanzado que confía en tener un proyecto “bien definido” para finales de marzo.
Actualmente, hay dos potenciales interesados en participar en la recuperación de Alitalia, explicaron a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones, pero a ninguno les convence el proyecto de Ferrovie: el consorcio formado por Delta Air Lines y Air France-KLM, y la alemana Lufthansa.
No se conocen los detalles de las conversaciones, ni los planes de cada uno de ellos, pero la intención del Gobierno italiano es respetar los puestos de trabajo y realizar los menores recortes posibles, tal y como ha confirmado en diversas ocasiones el líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio.
El modelo de negocio que ha tenido hasta ahora Alitalia es insostenible y ya estuvo bajo administración concursal en 2008, aunque finalmente fue salvada por un grupo de empresarios tras recibir la aprobación del Estado, y un año más tarde entró en su capital un socio extranjero, Air France-KLM.
Los medios italianos apuntan a que Delta y Air France-KLM querrían que Alitalia despidiera a entre 2.000 y 3.000 empleados y la flota pasara de los 118 aviones, a los 110.
Por otra parte, Lufthansa ya dijo en el pasado que quiere una reestructuración profunda y más recientemente ha reconocido que no invertirá en una empresa controlada por el Gobierno italiano.
El futuro de Alitalia vuelve a estar en suspenso, mientras los sindicatos muestran su preocupación porque se quejan de que el Ejecutivo no les da información y temen importantes recortes en la plantilla.
De hecho, fuentes del sindicato de transportes Filt-Cgil consultadas por EFE han amenazado con organizar una movilización si el Ministerio de Desarrollo Económico no abre pronto una mesa de diálogo para explicarles cómo está la situación.
El titular de este ministerio, Luigi Di Maio, ha anunciado que convocará próximamente a los representantes de los trabajadores, pero no ha fijado fecha, y mientras la situación se dilata.
Los gestores de Alitalia están intentando mantenerla a flote hasta que se encuentre una solución para una empresa que cerró 2018 con un resultado bruto de explotación (ebitda) negativo de 154 millones, la mitad en comparación con los 312 millones en negativo de 2017.
El Gobierno anterior del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) entregó a Alitalia un préstamo de 900 millones de euros para garantizar su operatividad, que la Comisión Europea (CE) investiga para determinar si fue una ayuda de Estado ilegal y si cumple con las normativa europea sobre apoyos a empresas en dificultades.
El actual Ejecutivo ha tenido que aprobar una prórroga hasta junio para dar al grupo más margen para devolver el préstamo.
