El Gremio de Hoteles de Barcelona ha reclamado a las administraciones que actúen de manera “muy contundente” contra los actos vandálicos vinculados a la turismofobia, un fenómeno cuya aparición relaciona directamente con la eclosión de los pisos turísticos ilegales.
En declaraciones a Efe, el director general de este gremio, Manel Casals, ha asegurado que los actos violentos contra el sector turístico son puntuales y que no se puede generalizar, pero ha destacado que Ayuntamiento y Generalitat han de tomar las medidas pertinentes “para que no vuelva a pasar”.
En lo que va de año, ha explicado Casals, media docena de hoteles han sufrido ataques turísticos, unas acciones que se suman a los recientes daños que Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, ha provocado a un bus turístico y los pinchazos a bicicletas de alquiler.
El directivo ha afirmado que la policía ha actuado “de forma muy correcta” en el caso de los ataques cometidos contra hoteles, ubicados en su mayoría en los barrios de Gràcia, el Poblenou y el Poblesec, pero considera que la respuesta del ayuntamiento ante la actuación violenta de Arran ha sido tardía.
“Inicialmente se tardó demasiado en contestar y de forma poco contundente”, ha declarado Casals, que cree que ante un ataque tan claro como el que sufrió el bus turístico la respuesta del Gobierno municipal tendría que haber sido instantánea y de rechazo de la violencia.
El director general del Gremio de Hoteles ha subrayado, en este sentido, la necesidad de que los partidos políticos “se pongan de acuerdo en una cosa tan clara como es condenar la violencia”. “Sería una buena manera de empezar a construir un pacto de ciudad para el turismo, que es lo que tendría que haber”, ha añadido.
Casals considera que el movimiento de rechazo al turismo que se está produciendo en Barcelona “no es diferente” de lo que ocurre en otras ciudades como París, Londres, Amsterdam, Nueva York, Roma o Berlín, un fenómeno que “en la mayoría de los casos” es consecuencia de la aparición de los pisos turísticos ilegales, cuya actividad tiene un efecto directo en la convivencia ciudadana y el mercado de la vivienda.
En el caso de Barcelona, ha apuntado Casals, el movimiento contra el turismo aparece a partir del año 2010, “cuando arranca con fuerza el tema de los pisos turísticos ilegales” a raíz de la eclosión de la actividad de plataformas como Airbnb o Homeaway.
Actualmente, según las cifras que baraja el Gremio, Barcelona tiene una oferta de alojamiento turístico de 70.000 camas en hoteles y 120.000 en pisos turísticos legales e ilegales.
“Este crecimiento desmesurado, incontrolado y seguramente incontrolable es lo que nos ha llevado a esta situación”, ha manifestado el ejecutivo, que ha celebrado la mano dura con la que está actuando el Gobierno municipal en la lucha contra los pisos ilegales, “cosa que no está haciendo la Generalitat”.
Y es que el Gobierno catalán, ha explicado, pretende legalizar el alquiler de habitaciones en pisos particulares, una medida que, en su opinión, sería “un error muy grande” y supondría “tropezar dos veces con la misma piedra”.
“Lo que se tiene que hacer es erradicar el fenómeno de los pisos turísticos ilegales y controlar bien el sector, no todo es legalizable”, ha remarcado Casals
