Los propietarios de viviendas en edificios plurifamiliares de Palma no podrán alquilarlas a turistas una vez se apruebe la propuesta anunciada por el gobierno municipal, que sí permitirá en todo el municipio el arrendamiento vacacional de casas unifamiliares.
El teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, ha destacado que el propósito de esta medida es preservar el derecho del acceso a la vivienda para los residentes y los trabajadores frente a la presión de la demanda para uso turístico.
La posibilidad de alquilar para uso vacacional las viviendas unifamiliares tendrá como excepciones las casas en suelo rústico, el entorno del aeropuerto y los inmuebles de usos no residenciales ni turísticos, como los de los polígonos industriales.
Hila ha destacado que la decisión del gobierno municipal está en consonancia con la declaración promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos el pasado verano, que aprobó el pleno del Ayuntamiento.
El alcalde, Antoni Noguera, ha asegurado que la prohibición del alquiler de pisos es una decisión “capital” para el futuro de Palma, pionera en España y que “marcará tendencia a la hora de entender la ciudad habitable”.
El Ayuntamiento cumple con esta norma la previsión de la Ley de Turismo, aprobada el verano pasado por el Parlament balear, que determina que el establecimiento de qué modalidades de alquiler vacacional se permiten en cada zona corresponderá a los “consells insulars” y al consistorio de la capital balear y establece, como regla general, la prohibición de arrendar pisos a turistas.
El propósito del gobierno municipal, conformado por PSOE, MÉS y Podemos, es que la zonificación del alquiler turístico esté aprobada definitivamente en julio, aunque si se demorara y el Govern levanta la moratoria que fijó mientras se desarrollaba la ley, la situación será la misma porque la regulación de Palma se aviene a las prescripciones generales, ha destacado Hila.
Según los últimos datos recopilados por el consistorio, en la ciudad se comercializan unas 11.000 plazas a través de plataformas de alquiler a turistas, cuando solo están inscritas en el registro obligatorio de la Conselleria de turismo 645 plazas. Esto significa que aproximadamente el 95 % de la oferta es irregular.
Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, que alternaron sus funciones a mitad de legislatura en virtud del pacto de gobierno, han señalado que, además de contribuir a facilitar el acceso a la vivienda, la prohibición del alquiler a turistas en plurifamiliares facilitará la “convivencia” en las comunidades de vecinos.
