El servicio público de coches eléctricos de París, “Autolib”, llega hoy a su fin tras siete años en funcionamiento después de que el Ayuntamiento de la capital rescindiera el contrato con la empresa gestora, que le reclama 250 millones de euros, y prepara ya su relevo con Renault.
La prestación acaba pero se mantiene la batalla de cifras entre el consistorio y el grupo Bolloré -dueño de la tecnología de esos autos eléctricos-, que exige a los 103 municipios que tienen el servicio 250 millones para compensar el coste de las indemnizaciones por fin de contrato y otras pérdidas.
El ayuntamiento calcula el total en 50 millones de euros, cinco veces menos de lo que calcula Bolloré, pero confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto, aunque reconoce que son “tensas”.
Los 150.000 usuarios de “Autolib” tendrán que esperar a finales de año para la llegada de un dispositivo alternativo que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anunció a principios de julio junto al fabricante francés Renault que pondrá toda su gama eléctrica a disposición de los parisinos, como Twizy y ZOE.
El grupo PSA también prevé poner en marcha varios cientos de vehículos eléctricos de libre acceso, previsto antes de que termine 2018.
El director de Boston Consulting Group, Joël Hazan, consideró en el diario “Le Figaro” que el experimento “Autolib” ha situado París como precursora de la necesidad de evolucionar en nuestros hábitos, pero también ha evidenciado que este tipo de servicios solo pueden ser rentables con financiación pública.
La idea de esta prestación era desincentivar el uso de los vehículos privados para atenuar los picos de polución atmosférica que ha registrado París en los últimos años.
El tropiezo de “Autolib” se une al del proyecto “Velib”, el sistema de alquiler de bicicletas compartidas.
Después del cambio de gestor a finales de 2017, que pasó de la empresa publicitaria JCDecaux al consorcio empresarial Smovengo, el servicio de alquiler de bicis público ha quedado prácticamente paralizado.
