El Parlamento de Austria ha aprobado la anulación de la prohibición total de fumar en locales de restauración que iba a entrar en vigor el próximo 1 de mayo, a pesar de que unos 545.000 ciudadanos han firmado ya una petición en contra de mantener el cigarrillo en los locales de ocio.
La decisión fue adoptada con el voto de los diputados de los dos socios de la coalición del Gobierno, el democristiano Partido Popular (ÖVP), del canciller federal, Sebastian Kurz, y el ultranacionalista Partido Liberal (FPÖ), del vicecanciller, Heinz-Christian Strache.
Dejar sin efecto la prohibición que había sido en su momento aprobada con los votos del ÖVP (cuando era el socio minoritario del anterior Gobierno, junto a los socialdemócratas), fue una de las exigencias de Strache a Kurz en las negociaciones para formar la alianza de Gobierno tras las legislativas de octubre pasado.
Se prolonga así, por tiempo indefinido, la actual situación en la que se autoriza a los establecimientos pequeños elegir si permiten o no fumar, y obliga a los de mayor tamaño a tener dos zonas separadas para fumadores y no fumadores.
Strache, para quien esta situación beneficia a “fumadores, no fumadores y propietarios de restaurantes”, no ha querido dar su brazo a torcer ni siquiera después de constatar la gran popularidad que ha adquirido una iniciativa titulada “Don’t smoke” (No fumes, en inglés) para celebrar un referendo sobre este tema.
A la fecha de hoy, 545.448 ciudadanos han firmado la petición lanzada a mediados de febrero para que se celebre la consulta, una iniciativa que, promovida por el Colegio de Médicos de Austria y la Asociación Austríaca contra el Cáncer, cuenta con el apoyo de todos los partidos de la oposición y buena parte de la sociedad.
“Algo así no se ha visto en ninguna parte”, criticó hoy en el Parlamento la exministra de Salud y ahora portavoz de Sanidad del Partido Socialdemócrata, Pamela Rendi-Wagner.
“Hasta ahora no ha habido ningún país que haya dado un paso atrás en el tema de la protección a los no fumadores”, añadió.
Tanto el Gobierno como la patronal gastronómica esgrimen argumentos económicos y de libertad de elección, como el riesgo de que la prohibición total del tabaco merme los ingresos del sector.
