El Parlamento portugués aprobó una propuesta de ley que pone límites a los apartamentos particulares destinados a alquiler turístico en el país, que ahora podrán ser cerrados si más de la mitad de los vecinos del edificio se queja.
La medida ha sido presentada por el gobernante Partido Socialista y aprobada a mano alzada gracias al apoyo de sus socios parlamentarios, el marxista Bloque de Izquierda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP), en el que ha sido el último pleno de la cámara antes del receso estival.
En contra, se han posicionado el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el CDS-PP, la formación más a la derecha del hemiciclo.
Con la modificación legislativa, el vecindario podrá cerrar los apartamentos turísticos si más de la mitad de los residentes así lo solicita a las autoridades locales.
Los vecinos deberán demostrar, para conseguirlo, que el trasiego de turistas “perturba” el uso normal del inmueble y el “descanso” de quien allí viven habitualmente, según se recoge en el texto de la norma.
Además, los propietarios de los apartamentos destinados a esta actividad serán “solidariamente responsables” por los daños causados por los huéspedes y deberán abonar una contribución adicional a la comunidad de vecinos de hasta el 30 % del valor anual por el uso de las zonas comunes.
Junto a los vecinos, adquieren poderes los ayuntamientos, que tendrán la potestad de ampliar las llamadas “áreas de contención”, barrios donde se podrá limitar el número de alojamientos locales para “preservar la realidad” de estas zonas.
La iniciativa trata de frenar la proliferación de los alquileres turísticos particulares, que superan los 70.000 apartamentos tras un incremento del 33 % en el último año, especialmente en Lisboa, Oporto y Algarve, donde se sufre un grave problema de “gentrificación”.
Pero a juicio de la Asociación de Hotelería y Restauración de Portugal y la Asociación de Alojamiento Turístico lusa, la norma es “retroceso inexplicable e inaceptable” ya que, afirman, pone en peligro “el crecimiento sostenible de la actividad turística”.
Ambas organizaciones expresaron en un comunicado remitido a la prensa portuguesa los cambios introducidos hoy “crean más inestabilidad y condicionarán el desarrollo de esta actividad económica, que ya representa cerca de un tercio de las pernoctaciones nacionales y da ingresos a 33.000 familias”.
