Representantes de los trabajadores de la aerolínea italiana Alitalia pidieron que el plan para salvar la empresa no exija ajustes en la plantilla o en las cuentas y consideraron fundamental que el Estado entre en su capital para proteger a los empleados.
“Es necesario que el Estado tenga una participación y que los trabajadores estén involucrados en el control de la gestión (de Alitalia)”, escribió el secretario general del sindicato Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, en un comunicado publicado en la página web.
Advirtió de que los sindicatos no aceptarán soluciones que impliquen una reducción de la plantilla a ajustes en las cuentas, y subrayó que “la compañía tiene una amplia capacidad de desarrollo si se le da la posibilidad de realizar inversiones”.
Alitalia está gestionada por tres administradores concursales desde mayo de 2017, cuando se puso en manos del Estado para evitar su quiebra.
Estos gestores iniciaron entonces un proceso para valorar la posible venta del entero negocio o de parte de Alitalia a potenciales compradores.
El plazo para encontrar una solución para la aerolínea concluye el próximo 31 de octubre y por ello el Gobierno italiano, formado por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga, está estudiando qué futuro dar a la que un día fue la aerolínea de bandera del país.
El Ejecutivo italiano ya ha avisado de que no venderá la compañía a aerolíneas extranjeras y ha señalado que la opción que baraja es que siga en manos italianas a través de una participación estatal y privada.
El vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, explicó el pasado viernes que la intención es que Alitalia sea transformada en una nueva sociedad, en la que el Ministerio de Economía posea un 15 % de su capital y el resto esté controlado por la compañía estatal Ferrovie dello Stato y un socio privado.
El desafío del Gobierno será convencer a un socio privado de que inyecte dinero para impulsar la competitividad de una compañía que no tiene beneficios desde 2002 y que ya estuvo bajo administración concursal en 2008.
El ministro italiano de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, garantizó que el Gobierno dará una solución para Alitalia antes de finales de octubre.
“Los miles de empleados pueden estar tranquilos y confiados de que será una empresa nacional que impulsará el turismo”, apuntó.
El pasado año, en el marco de la gestión concursal de Alitalia, el Gobierno del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) entregó a la compañía un préstamo de 900 millones de euros para garantizar su operatividad.
La Comisión Europea (CE) investiga este préstamo para determinar si fue una ayuda de Estado ilegal y si cumple con las normativa europea sobre apoyos a empresas en dificultades.
