Los socios privados que poseen el 45 % de la aerolínea portuguesa TAP -cuyo principal accionista es el Estado luso- cambiarán en el primer trimestre de 2020 debido a la sucesión de malos resultados de la compañía, publica este martes la prensa financiera del país.
Se prevé que antes del próximo marzo salga de la empresa el empresario brasileño-estadounidense David Neeleman, dueño de la aerolínea Azul que, junto al portugués Humberto Pedrosa, conforma el consorcio Gateway.
Gateway es dueño del 45 % de TAP, en tanto que el Estado portugués posee un 50 % y el 5 % restante está en manos de los empleados.
La marcha de Neeleman, según el diario financiero luso Jornal de Negócios, se producirá por la sucesión de resultados negativos de la aerolínea y un deterioro de su relación con Pedrosa.
Neeleman ha emprendido contactos con compañías como Lufthansa, British Airways o Air France para encontrar a quien pueda sustituirlo dentro de la estructura de TAP, según esta información.
Los rumores sobre cambios en la compañía lusa se han avivado tras la presentación la semana pasada de unos resultados que revelan que entre enero y septiembre la empresa sufrió pérdidas de 111 millones de euros.
TAP lo achacó a las “variaciones cambiarias, sin impacto en la Tesorería”, y evitó cualquier referencia al resultado del periodo homólogo de 2018, lo que no impidió que creciera el malestar por el encadenamiento de resultados negativos, embrión de la tensión creciente entre los socios privados y el Gobierno luso.
La prensa portuguesa publicó en septiembre que la relación entre ambas partes estaba al límite después de conocerse los resultados del primer semestre con pérdidas de 119,7 millones, un empeoramiento sustantivo de la situación si se tiene en cuenta que superaba ya las pérdidas de todo 2018.
La tensión entre el Gobierno portugués y TAP comenzó a subir el pasado junio, cuando se supo que la aerolínea había entregado primas económicas a un grupo de trabajadores a pesar de haber sufrido pérdidas de 118 millones durante 2018.
El malestar fue tal que el Ministerio de Infraestructuras apuntó entonces que se había producido una “ruptura de la relación de confianza entre la Comisión Ejecutiva y el mayor accionista de TAP, el Estado portugués”.
