El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela informó de la suspensión a partir del viernes durante 90 días prorrogables de todos los vuelos de la Compañía Panameña de Aviación S.A. (Copa Airlines) “desde y hacia el territorio nacional” tras ser incluida por el Gobierno en una lista de empresas acusadas de cometer delitos.
“En lo relacionado con la prevención de la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo suspenden a partir del 6 de abril de 2018, por un lapso de 90 días prorrogables, todos los vuelos de (…) Copa Airlines desde y hacia el territorio venezolano”, informó el organismo en un comunicado en su cuenta de Twitter.
Indicó que lo hace “estableciendo la debida regulación conforme a las políticas del Ejecutivo de control y supervisión de capitales” y “como medida para proteger el sistema financiero venezolano”.
Venezuela suspendió las relaciones económicas durante 90 días con un grupo de altos cargos panameños incluyendo al presidente Juan Carlos Varela, así como con 46 empresas del país centroamericano, entre las que se encuentra la aerolínea.
En una resolución se acordó tomar estas medidas por “el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público”.
Caracas ordenó “la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá (indicados en una lista) sobre la base del principio de precaución y como medida de protección” de su sistema financiero, económico y comercial.
Venezuela presume que estas personas y empresas han cometido “delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la conveniencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero, y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país”.
Añade que esa decisión “obedece al riesgo inminente que representan para el sistema financiero nacional, la estabilidad de la actividad comercial del país y la garantía de soberanía e independencia económica”.
La semana pasada, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
En esta lista se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el titular del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la jefa del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab, y algunos ministros, entre otros.
Poco después de la publicación de esta decisión por parte del gobierno venezolano, Panamá informó de la salida de su embajador en Venezuela, Miguel Mejía, y pidió a Caracas que haga lo mismo con su representante diplomático en el país.
“Las autoridades panameñas evalúan el impacto de dichas medidas en el ámbito económico y comercial, a fin de identificar otras posibles futuras acciones”, agregó la Cancillería panameña en un comunicado.
